Tres tristes problemas del D.F.
EXCELSIOR Ricardo Pascoe Pierce (Opinión) 01/06/10
Cuando la Ciudad de México empezó su proceso de democratización a principios de los noventa —que culminó en 1997 con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como su primer jefe de Gobierno— era evidente que existían ciertas condiciones de gobernabilidad que era imprescindible cuidar. Nadie cuestionaba el papel centralísimo que debía jugar el gobierno local (léase el Estado) en la construcción de una nueva relación con la sociedad, mientras se confirmaba que la ciudadanía debía irrumpir en escena como un nuevo, y muy relevante, actor en la escena política de la urbe. Derivado de lo anterior, era posible pensar que se inauguraba una nueva era en el DF, donde los problemas se atacarían de forma integral y con un vigor moderno, honesto y distinto a los esquemas anteriores.
Trece años después, el saldo ha sido decepcionante, para la democratización. Se transitó de un control social corporativista priista a otro, parecido, pero de corte perredista. Así, las políticas públicas están definidas por su capacidad de satisfacer demandas de los líderes de los movimientos sociales, pero no en función de una concepción integral del rumbo que debiera tomar la ciudad. La explicación fundamental reside en el hecho de que los líderes de los movimientos sociales y económicos (ambulantes, taxistas, comerciantes, demandantes de vivienda, publicistas, industriales) tomaron puestos estratégicos dentro de la administración pública, para la defensa de sus intereses de grupo. De esta forma, la administración perredista, especialmente desde el año 2000, optó por integrar el corporativismo al seno de su estilo de gobernar. ¿Cuáles fueron los efectos de esta política?
1. El gobierno perdió el control de la calle. A 13 años, quienes deciden lo que acontece en la calle son los líderes de los ambulantes, los publicistas, los taxistas y transportistas, además de algunos subsectores, como los franeleros y los de valet parking, entre otros. Sin importarles la ley, y ante la ausencia de quien la debiera imponer, estos sectores han crecido en el control de las calles y, de esta manera, han logrado imponer una ley de la selva. Junto con lo anterior, ha crecido la delincuencia en la ciudad en todas sus expresiones, lo cual ha incrementado la impresión de que no es el gobierno quien gobierna, sino los poderes fácticos deciden finalmente los términos de la sobrevivencia callejera.
2. La infraestructura urbana se ha deteriorado gravemente. Aparte de constatar la existencia de más baches, luminarias deterioradas, zonas verdes sin cuidados y banquetas levantadas masivamente, la infraestructura básica (drenaje, agua, electricidad, calles) también ha retrocedido en calidad. Hay una masificación del deterioro de edificios, casas y oficinas, por lo cual se confirma que, pese a los grandes incrementos presupuestales, el dinero ha servido más a la causa del corporativismo que al mejoramiento de la ciudad. Esta situación crea un ambiente de conflicto social.
3. La ciudadanía está cada día más irritada. Las expectativas de una transformación democrática fueron mutándose a un tono de molestia con todo lo que hace el gobierno, al constatarse su notable inconsistencia e incapacidad para tornar sus propuestas en hechos. El temperamento ciudadano se mueve entre la irritabilidad con todo lo que hace el gobierno y una especie de apatía y pasividad. La desmoralización es un signo característico del talante ciudadano, junto con un miedo creciente a los escenarios que se le presentan a los habitantes del Distrito Federal.
Todo esto envuelto en un paquete de deterioro del Estado de derecho.
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