19 Jan
2010
LA RAZÓN Nayeli Gómez 19/01/10
El 80% de las obras que se realizan en la ciudad es otorgado por el gobierno capitalino a empresas privadas a través de adjudicaciones directas, y no por licitación pública, es decir, de manera restringida y discrecional, sin llevar a cabo concursos para obtener los mejores precios, formas de pagos y servicios.
De acuerdo con los contratos de 2008-2009, la Oficialía Mayor del GDF adjudicó de forma directa el 88% de las 114 obras a su cargo en este periodo, lo que significó 100 obras sin licitar. Por licitación entregó sólo 10 obras y por invitación restringida cuatro más.
En tanto, de los 132 contratos que firmó la Secretaría de Gobierno privilegió el otorgamiento de adjudicaciones directas en 84%, es decir 111 obras, y 14 más por invitación limitada, es decir a sólo un cierto número de empresas.
En 2008 la Procuraduría Social del GDF otorgó el 100% por ciento de contratos por este mismo proceso directo.
En ese sentido, el diputado del PAN en la ALDF Mauricio Tabé presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones para evitar irregularidades en los contratos de obra pública e impedir “anomalías en los concursos”. Presentaremos una iniciativa con el objeto de abatir la corrupción y opacidad en la compra y arrendamiento de bienes, productos y servicios, además de generar importantes ahorros para la administración pública local. Proponemos derogar causales que alienten el otorgamiento de adjudicaciones directas”, adelantó.
El legislador del blanquiazul aseguró que de realizarse los cambios a la Ley de Adquisiciones el Gobierno del Distrito Federal se ahorrará hasta el 10% de los gastos. “Queremos privilegiar la realización de licitaciones públicas”, dijo.
La propuesta plantea la obligación para que los procesos de licitación se videograben y se abran a la opinión pública al transmitirse en tiempo real en internet y permanezcan en la página web de la Contraloría General del DF por un periodo de un año para su consulta.
Además, se propone crear un sistema de consulta ágil de proveedores que contenga la denominación o razón social, el nombre de los socios o accionistas y los contratos otorgados en los últimos 10 años, además de los montos y las sanciones a que hayan sido acreedores.
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