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EL UNIVERSAL Ella Grajeda 02/03/10
En la primera reunión para concretar una propuesta sobre la reforma política del Distrito Federal, la diputada federal Gabriela Cuevas y José Ángel Ávila, secretario de Gobierno local, evidenciaron sus diferencias por el tema del desarrollo urbano y la seguridad pública.
Mientras Cuevas calificó como una involución democrática la intención de la administración local de excluir a los ciudadanos y a los gobiernos delegacionales en los cambios de uso de suelo, el funcionario reprochó la propuesta de Ley de Seguridad Pública del DF que presentó el presidente Felipe Calderón.
“Iniciativas como la de desarrollo urbano que está en debate en esta Asamblea Legislativa, es lo que debe evitar la reforma política”, dijo la presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, ante diputados y senadores. Consideró que no es tiempo de restar, sino de sumar facultades a las delegaciones y a la propia Asamblea. Para demostrar su dicho, Cuevas dijo que la reforma política del DF busca darle voz a la ciudadanía; en cambio, la iniciativa en materia de cambios de uso de suelo que envió el jefe de Gobierno, “concentra de manera desmedida el poder del gobernante de la ciudad (...)
Mónica Archundia
- "La protección civil no debe ser sólo acatada por particulares sino también por las autoridades en el momento en que, al ejercer sus funciones, provocan un aumento del grado de peligrosidad", afirma la ministra.
- Corte da razón a GDF en suspensión de distribuidor vial.
El Universal
Ciudad de México Lunes 23 de marzo de 2009
16:58La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al gobierno capitalino en la suspensión que hizo de las obras del Distribuidor Vial Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca, a cargo de la delegación Miguel Hidalgo.
La tarde de este lunes el máximo tribunal notificó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF la determinación de negarle a la demarcación el derecho de continuar la ejecución de la obra pública que ha sido cuestionada por vecinos de la zona y la Secretaría de Protección Civil local.
En el documento resolutivo del caso, que estuvo a cargo de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, se señala que la protección civil no debe ser sólo acatada por particulares sino también por las autoridades en el momento en que, al ejercer sus funciones, provocan un aumento del grado de peligrosidad.
Por ello considera que la delegación "sí está obligada a observar las normas de seguridad consignadas en la Ley de Protección Civil en el DF y a informar veraz y oportunamente a la comunidad sobre el riesgo potencial que se puede provocar con las obras de construcción".
Conceder una medida cautelar, como solicitó la delegación, podría afectar gravemente a la sociedad con un siniestro de repercusiones en la integridad física de las personas y sus bienes, señala.
Vía eluniversal.com.mx