Por Silvia Otero para El Universal. Lunes 15 de marzo de 2010
En México 90% de los abusos cometidos contra consumidores por parte de las pequeñas y grandes empresas que ofrecen productos y servicios quedan impunes, pues los afectados carecen de herramientas legales para que éstas sean castigadas y reparen los daños. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es obsoleta para defender sus intereses, se limita a buscar conciliaciones ante prácticas de compañías que acaparan mercados y fijan sus reglas.
Este es el escenario que plantearon Adriana Labardini, integrante del Consejo Consultivo del Consumo de la Profeco y Alejandro Calvillo, que encabeza la asociación civil El Poder del Consumidor, quienes impulsan reformas legales como la aprobación de acciones colectivas de ciudadanos por la vía civil y penal, pues México junto con Cuba, Haití y Guatemala son los únicos países que no cuentan con esta figura en América Latina y el Caribe.
Detrás de la falta de defensa de los derechos del consumidor está el poder económico de las empresas con prácticas monopólicas, por lo que se necesita una reforma a la Ley Federal de Competencia, pues aunque para éstas “México no es exactamente un paraíso, no tenemos los elementos para inhibir estas actividades”, reconoció Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, quien alertó sobre el riesgo de que las compañías intenten frenar los cambios legislativos que se buscan en la Cámara de Diputados.
Los proveedores con mayor número de reclamos fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telcel, Dish y Teléfonos de México (Telmex).
Sin embargo, en una encuesta realizada por EL UNIVERSAL, sólo 16% de las personas consultadas recurrieron alguna vez a la Profeco, pero 53% de quienes lo hicieron no resolvieron su problema con mediación de la dependencia.
- Profeco, rebasada por la realidad
En entrevista, Adriana Labardini, también directora ejecutiva de Alconsumidor AC, dijo que “el grado de impunidad que existe en las prácticas irregulares de consumo es de 90%”, ante una Profeco que desde su creación —en el año de 1976— “nunca ha actuado como un abogado del consumidor”.
“Una conciliación de Profeco nunca va a solucionar que se combata el abuso, que es muy lucrativo”.
Alejandro Calvillo, de la asociación civil El Poder del Consumidor, coincidió en el diagnóstico.
“El marco regulatorio no sirve y la Profeco realmente no defiende a los consumidores, sólo es conciliatoria, obsoleta, se necesita una reforma profunda que la haga autónoma y le permita aplicar sanciones fuertes”.
La situación se agrava ante un mercado que tiene prácticas monopólicas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) identifica a México como uno de los países con mayores actividades de este tipo.
“Tenemos una empresa que maneja casi todo el huevo y el pollo, dos que manejan casi todos los lácteos, otra compañía acapara el pan de caja, otra la harina de maíz y una más la telefonía”.
- El cabildeo de las grandes empresas y la corrupción de los diputados, el obstáculo
Labardini y Calvillo urgieron a tener la reforma al artículo 17 constitucional, que se discutirá en la Cámara de Diputados, para que se cree la figura de acciones colectivas, que permitirá que organizaciones puedan representar legalmente a los afectados o un grupo de personas se unan para una causa común, en materia ambiental, de derechos civiles, de salud o el referente al consumidor.
Sin embargo, reconocieron que las empresas tienen personal que cabildea entre los legisladores para acotar los alcances de esta reforma.
Calvillo señaló, por ejemplo, que en los últimos tres años se presentaron 45 iniciativas en la Cámara de Diputados para regular la comida chatarra en escuelas, su publicidad y el etiquetado, “ninguna ha pasado por el cabildeo de las empresas, y los legisladores, la gran mayoría han estado al servicio de las grandes corporaciones".
Acusó que diputados —en su mayoría del PRI, seguidos por los del PAN— bloquearon una iniciativa para aumentar las multas a empresas.
- Ley debe dar “más dientes”
Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, en entrevista reconoció que para impedir las prácticas monopólicas “no se ha llegado a las reformas legales, pues los poderes fácticos están haciendo muy bien su trabajo (…), es una realidad que existe el riesgo grave de que las grandes empresas trabajen vía sus cabilderos para frenar (las reformas legislativas)”.
“Necesitamos una mejor regulación, decisiones valientes en el Congreso y el Poder Ejecutivo que pongan como prioridad al consumidor, para que no estemos pagando precios que están por encima de 40% de lo que deberíamos de pagar si hubiese más competencia”.
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