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CRÓNICA Rafael Cardona (Opinión) 06/04/11

  Ebrard puso por encima de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos el peso de las carteras (y las comisiones) de los extranjeros beneficiados con un contrato para cuyo otorgamiento no se tomó en cuenta a nadie,

El divorcio más evidente entre la Comisión de los Derechos Humanos del DF y el jefe del gobierno Marcelo Ebrard (para no hablar ahora de otros divorcios) ha sido con motivo de la jugosa Supervía del Poniente.

Jugosa para los inversiones extranjeras, que quede claro.

Apenas hace un par de días el ombudsman de la ciudad de México, Luis González Placencia, en una comida con el Consejo Editorial de Crónica, se lamentaba del menosprecio con el cual Ebrard había recibido y rechazó, casi sin leerla, la recomendación en torno de los derechos transgredidos en agravio de los vecinos de la zona occidental de la ciudad.
Como se recuerda, y esto no lo dijo el ombudsman, sino alguno de los presentes en esa comida-exposición en la sede de la CDHDF, el argumento más pesado del señor Ebrard para rechazar la suspensión temporal de la obra concesionada fue el daño económico a los inversionistas.

Dicho de otro modo, Ebrard puso por encima de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos el peso de las carteras (y las comisiones) de los extranjeros beneficiados con un contrato para cuyo otorgamiento no se tomó en cuenta a nadie. Las “licitaciones” casi siempre son un traje a la medida, como se probó en el caso del fracasado tranvía en el centro de la ciudad.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) pudo hacer aquello frente a lo cual no pudo el defensor popular González Placencia y detuvo la obra en ocho de sus muchos frentes de trabajo.

Ayer por la tarde, al darse a conocer la medida precautoria, Alfredo Hernández García ofreció una exhibición de hasta dónde puede llegar el compromiso de una autoridad con sus clientes, pues en su condición de director general de Obras Concesionadas de la Secretaría respectiva en el gobierno de la ciudad, se mostró más como un gerente de las empresas y muy poco como funcionario cuyo sueldo proviene de recursos fiscales.

Sonaba como comisionista, no como servidor público, mientras explicaba en Radio Fórmula las bondades de una obra parcialmente clausurada por el gobierno federal.

Ayer por la tarde la Semarnat divulgó sus acciones. Los medios lo informaron así:

“Por carecer de la manifestación de impacto ambiental federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió suspender temporalmente uno de los 38 polígonos forestales que habían sido desmontados para construir la obra.

“Catorce inspectores, abogados, y demás personal de Profepa fueron desplegados en el Parque Las Águilas para revisar el polígono 15 de la Supervía, enclavado en ese parque.

“La zona está completamente deforestada, con troncos amontonados, y caminos de terracería abiertos a tajo para introducir maquinaria.

“Carmen García García, delegada local de la Profepa, explicó al momento de la inspección las condiciones de permiso incompleto que aunque la constructora contaba con la MIA que otorga la Secretaría de Medio Ambiente local, carecía del permiso que emite el gobierno federal.

“Todo el trazo de la Supervía Poniente, dijo, tiene 38 polígonos requeridos de la Manifestación de Impacto Ambiental, tanto de las autoridades locales como del gobierno federal, aun cuando ya cuentan con un cambio de uso de suelo en terrenos forestales otorgado por la Semarnat”.

Los daños de dicha obra no son solamente forestales. No es la tala el peor de los efectos de este jugoso negocio en el fondo inmobiliario y para cuya realización es necesaria una vía rápida de comunicación ante el atasco permanente del Puente de los Poetas.

Hay afectaciones evidentes a la recarga de acuíferos y a los derechos de propietarios y a la seguridad jurídica de los habitantes.

Por eso y por la forma violenta como Ebrard-GDF ha acometido contra los quejosos, vecinos y defensores civiles, la misma comisión desatendida en su petición suspensiva emitió (3 de febrero) esta otra recomendación en favor de la integridad de los quejosos:

“La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a Ebrard-GDF y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina implementar medidas precautorias a favor de María Cristina Barros y Valero, integrante del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, quien ha sido víctima de intimidaciones a través de mensajes que aluden a su persona colocados en la zona de La Malinche”. (...)

Más info: http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=571022