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El Pleno de la Corte resolvió por unanimidad que el Artículo 231, fracción 7, del Código, es violatorio de la Constitución, que únicamente impide a candidatos y partidos la contratación de publicidad en radio y televisión.  El tema no requirió mayor debate entre los ministros, que ya en casos anteriores se habían pronunciado contra normas locales que han buscado restringir que la propaganda electoral llegue a otros medios de comunicación.

La Corte sí dejó en pie una porción de otro Artículo, el 223, que prohíbe contratar propaganda en internet fuera de los plazos previstos para las precampañas, mismo que no fue impugnado por el PRI en su acción de inconstitucionalidad, pero que provocó dudas a la Ministra Margarita Luna Ramos.

Los ministros dedicaron la mayor parte de su discusión a la fracción 10 del Artículo 231, que prohíbe a los precandidatos utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público. Por 8 votos contra 3, el Pleno reconoció la validez de esta norma, por ser consistente con las limitaciones a libertad de expresión y propaganda política previstas en los artículos Sexto y 41 de la Carta Magna.

"No podría aceptar una lectura amplia de este tema, porque a final de cuentas lo que se está haciendo es descafeinar completamente el debate político en nuestro País", afirmó José Ramón Cossío, uno de los integrantes de la minoría.

Este lunes, la Corte ya había anulado el candado para creación de nuevos partidos y el periodo de duración de las precampañas.

El Ministro Presidente Juan Silva aclaró que la Asamblea Legislativa del DF tendrá hasta el 3 de julio para aprobar y publicar nuevas reglas en estas materias, pues las reformas sólo se pueden hacer hasta 90 días antes del inicio oficial del siguiente proceso electoral.

En la sesión de hoy, una mayoría de seis ministros se pronunció por declarar inconstitucional que el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral del DF sea designado por el Consejo General de ese órgano, de entre una terna propuesta por el Contador Mayor de Hacienda de la ALDF.

Como se requieren ocho votos para la invalidez, la norma seguirá vigente.

Finalmente, el máximo tribunal avaló otros artículos impugnados por el PRI relacionados con las facultades de la Unidad de Fiscalización, así como la posibilidad de que este órgano auxilie al IFE en el monitoreo de medios de comunicación.