Por siembra de documentos apócrifos, peligran casos de uso de suelo
En San Jerónimo 819 se proyecta una plaza comercial y un conjunto habitacional, y los trabajos siguen pese a los sellos de clausura. En Fuentes 425, en Jardines del Pedregal, la construcción de una plaza comercial está por concluir, incluso con sellos de clausura.Foto: Archivo
REFORMA Por: Jesús García 14/08/11
Preocupa a autoridad no poder comprobar que un documento es falso si un particular tiene copia y las dependencias carecen del original
Lagunas jurídicas como la argumentación de que un documento es falso sin poder compararlo con uno original y el hecho de que la siembra de documentos no esté tipificada como delito, provocarán que muy pocos funcionarios o particulares sean procesados por los 30 casos sobre uso de suelo ilegal denunciados. Así lo admitió Samuel Ibarra, Fiscal de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia del DF.Además, el funcionario advirtió que, a pesar de las reformas al Código Penal para luchar contra el uso de suelo ilegal y los delitos ambientales, algunos huecos todavía podrían ser aprovechados por constructores que buscan darle la vuelta a la norma y afectar el desarrollo urbano.
Lo más preocupante, a decir de Ibarra, es que la autoridad no pueda comprobar que un documento es falso si el particular tiene copia y la dependencia no tiene el original. "Todo se ha manejado con copias fotostáticas, pues administrativamente sí tienen cierto valor para realizar algunos trámites, pero para nosotros penalmente si no tenemos un documento original no podemos argumentar que un documento es falso, no podemos comparar", expuso. Indicó que la norma establece como delito sustraer documentos de un archivo oficial, pero no tipifica que se "siembre" un documento para obtener una copia certificada y luego sea retirado por el funcionario corrupto. "Resulta que la siembra de documentos apócrifos no es delito (...). No se necesita ser adivino, así es como está funcionando el sistema", reconoció Ibarra.Por ello, dijo que en los 30 casos denunciados en varias delegaciones -en los que operó una supuesta red delictiva de la Seduvi-, muy pocos funcionarios o particulares podrían ser detenidos o encarcelados. "Estamos amarrados de las manos por la parte jurídica", reconoció. Comentó que se están integrando a las investigaciones nuevos elementos de prueba para castigar a quienes cometieron delitos ambientales en delegaciones como Álvaro Obregón y Coyoacán.
"En cada una de las denuncias, por cada inmueble, por lo menos tenemos que practicar una inspección ministerial en el inmueble, una visita al archivo de Seduvi, una al registro de Seduvi, un peritaje en documentos copia; por lo menos un peritaje de arquitectura en la obra, y hacer una investigación policial con los vecinos", expuso. En el programa Debate Urbano, de REFORMA Radio, Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental, dijo que la dependencia está en espera de la resolución de las investigaciones de la PGJDF, pues ya presentaron todas las pruebas, aunque no es posible determinar un resultado positivo. Preocupan en Coapa 11 proyectos
En el Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, se proyectan 11 desarrollos inmobiliarios, cuatro de los cuales están gestionados por el Instituto de Vivienda del DF (INVI), informaron vecinos.Dentro de estos desarrollos inmobiliarios se encuentran los que se construyen en Calzada de Tlalpan 3155 y Callejón Esfuerzo 302 de los cuales la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) ya emitió una recomendación por supuestas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de este pueblo prehispánico.
Estela Aguilar, vicepresidente de Movimiento Ciudadano del Pueblo de Santa Úrsula Coapa A.C., indicó que los 11 desarrollos inmobiliarios, algunos de los cuales están en construcción y otros en proyecto, traerán consigo a unos 4 mil nuevos habitantes con más de mil 500 automóviles que saturarán las calles del pueblo.
"Actualmente tenemos 11 desarrollos en proceso en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa cuando las condiciones y servicios ni siquiera son suficientes para los que ya habitamos aquí", dijo.En el pueblo habitan unas 10 mil personas en una extensión territorial de mil 176.387 metros cuadrados, según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Los 11 desarrollos inmobiliarios van desde viviendas de interés social con costo unitario de $480 mil pesos hasta conjuntos residenciales con valor por casa de entre $1.8 y 3 millones de pesos, agregó.Y defienden obra del Invi
Un grupo de 50 vecinos de la Unidad Tlalpan 3155, de Santa Úrsula Coapa, exigió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) anular la recomendación 5/2011 en la que pide a diversas dependencias del GDF atender supuestas irregularidades de este conjunto habitacional. La unidad fue construida con financiamiento del Instituto de Vivienda del DF. Los quejosos acusaron a la CDHDF de promover una recomendación que carece de sustento legal e incurre en falsedades. "Nuestra unidad, de 96 departamentos integrados en 4 edificios, tiene todos los permisos de construcción, de uso de suelo, de vialidad, ambiental y de agua. Esta documentación no la tomó en cuenta la Comisión", dijo la vecina Irene Soto. Agregó que este lunes acudirán la CDHDF para presentar la documentación oficial que avala que su unidad está en orden.Con información de Jonás López y Alejandro Ramos
Lo más preocupante, a decir de Ibarra, es que la autoridad no pueda comprobar que un documento es falso si el particular tiene copia y la dependencia no tiene el original. "Todo se ha manejado con copias fotostáticas, pues administrativamente sí tienen cierto valor para realizar algunos trámites, pero para nosotros penalmente si no tenemos un documento original no podemos argumentar que un documento es falso, no podemos comparar", expuso. Indicó que la norma establece como delito sustraer documentos de un archivo oficial, pero no tipifica que se "siembre" un documento para obtener una copia certificada y luego sea retirado por el funcionario corrupto. "Resulta que la siembra de documentos apócrifos no es delito (...). No se necesita ser adivino, así es como está funcionando el sistema", reconoció Ibarra.Por ello, dijo que en los 30 casos denunciados en varias delegaciones -en los que operó una supuesta red delictiva de la Seduvi-, muy pocos funcionarios o particulares podrían ser detenidos o encarcelados. "Estamos amarrados de las manos por la parte jurídica", reconoció. Comentó que se están integrando a las investigaciones nuevos elementos de prueba para castigar a quienes cometieron delitos ambientales en delegaciones como Álvaro Obregón y Coyoacán.
"En cada una de las denuncias, por cada inmueble, por lo menos tenemos que practicar una inspección ministerial en el inmueble, una visita al archivo de Seduvi, una al registro de Seduvi, un peritaje en documentos copia; por lo menos un peritaje de arquitectura en la obra, y hacer una investigación policial con los vecinos", expuso. En el programa Debate Urbano, de REFORMA Radio, Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental, dijo que la dependencia está en espera de la resolución de las investigaciones de la PGJDF, pues ya presentaron todas las pruebas, aunque no es posible determinar un resultado positivo. Preocupan en Coapa 11 proyectos
En el Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, se proyectan 11 desarrollos inmobiliarios, cuatro de los cuales están gestionados por el Instituto de Vivienda del DF (INVI), informaron vecinos.Dentro de estos desarrollos inmobiliarios se encuentran los que se construyen en Calzada de Tlalpan 3155 y Callejón Esfuerzo 302 de los cuales la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) ya emitió una recomendación por supuestas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de este pueblo prehispánico.
Estela Aguilar, vicepresidente de Movimiento Ciudadano del Pueblo de Santa Úrsula Coapa A.C., indicó que los 11 desarrollos inmobiliarios, algunos de los cuales están en construcción y otros en proyecto, traerán consigo a unos 4 mil nuevos habitantes con más de mil 500 automóviles que saturarán las calles del pueblo.
"Actualmente tenemos 11 desarrollos en proceso en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa cuando las condiciones y servicios ni siquiera son suficientes para los que ya habitamos aquí", dijo.En el pueblo habitan unas 10 mil personas en una extensión territorial de mil 176.387 metros cuadrados, según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Los 11 desarrollos inmobiliarios van desde viviendas de interés social con costo unitario de $480 mil pesos hasta conjuntos residenciales con valor por casa de entre $1.8 y 3 millones de pesos, agregó.Y defienden obra del Invi
Un grupo de 50 vecinos de la Unidad Tlalpan 3155, de Santa Úrsula Coapa, exigió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) anular la recomendación 5/2011 en la que pide a diversas dependencias del GDF atender supuestas irregularidades de este conjunto habitacional. La unidad fue construida con financiamiento del Instituto de Vivienda del DF. Los quejosos acusaron a la CDHDF de promover una recomendación que carece de sustento legal e incurre en falsedades. "Nuestra unidad, de 96 departamentos integrados en 4 edificios, tiene todos los permisos de construcción, de uso de suelo, de vialidad, ambiental y de agua. Esta documentación no la tomó en cuenta la Comisión", dijo la vecina Irene Soto. Agregó que este lunes acudirán la CDHDF para presentar la documentación oficial que avala que su unidad está en orden.Con información de Jonás López y Alejandro Ramos
