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Desde hace mucho tiempo que nuestro país se debate entre la política institucional y la política de facciones, grupos o familias. No es extraño que cuando Plutarco Elías Calles invitó a construir un país de instituciones y no de caudillos, el asunto todavía resuena como tarea plenamente pendiente, sobre todo a la luz de la fallida intención de cargada con el secretario Cordero por parte del presidente Calderón. En el DF, tal vez la parte más moderna de la política mexicana (imagínese usted), tenemos el problema a boca de jarro y con ejemplos lamentables. Empiezo por el principio.

Cuando el Partido Socialdemócrata perdió su registro en 2009, rápidamente se habló de la posibilidad de crear un partido local, pues en la capital de la república fue donde mayor apoyo y votación alcanzaron. Con terror, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y su partido, se aprestaron a cerrarle la puerta a dicha pretensión.

Por un lado, era poco atractiva la idea de dividir a la izquierda. Pocos lo recuerdan, pero el PRD perdió de facto la mayoría en la ALDF. Sólo logró 31 de 34 diputados para obtener la mayoría. Tuvo, entonces, que recurrir a las más variadas y dudables técnicas que la legalidad permite para comprar el favor de tres diputados que se incorporaron al PRD y así tener control de la legislatura.

Por el otro lado, la división en el PRD es una amenaza permanente. Los conflictos en las definiciones de candidaturas y la lucha entre tribus internas por el control del partido provocan la sospecha de que una legislación que acepte los partidos locales fomente la fragmentación, el transfuguismo y la falta de disciplina. En resumen, la medida puede verse como útil a la construcción de representación política o como generadora de inestabilidad y desorden.

En cualquier caso, la SCJN declaró inconstitucional la fracción I del artículo 214 del Código Electoral del DF, que condicionaba el registro de un nuevo partido político local a contar con un número de afiliados de al menos 2% de la lista nominal en cada una de las 16 delegaciones políticas de la ciudad. Notoriamente por encima de lo que exige la legislación federal e injustificado ante la diversidad de población y padrones electorales en el DF.

La denominada Ley Ebrard, avalada por la ALDF en diciembre de 2010, con el voto mayoritario de los 5 partidos que la integran, impuso el candado para la creación de nuevos institutos políticos. La SCJN la ha revertido por unanimidad.

El ministro ponente, Salvador Aguirre Anguiano, sostuvo que el requisito “constituye una restricción al derecho de asociación política... Ahí hay una traba en la ley que dificulta, si no es que impide, la formación de partidos políticos de carácter local”.

El ministro José Ramón Cossío consideró que un partido político no tiene por qué mostrar su presencia fragmentada en términos de demarcaciones: “Cuando lo que se pretende construir es la representación total de una entidad federativa, éste es un criterio totalmente arbitrario porque introduce como criterio de constitución un criterio de representación fragmentada”.

Alejandra Barrales, presidenta de la ALDF, esperará la notificación de la Corte. Aclaró que fijar 2% del padrón electoral a los nuevos partidos por delegación tiene como objetivo cerrar la puerta a la posibilidad de que los partidos se convirtieran en negocios de familia (sic). Y debe estar preocupada, de verdad.

Al PRD capitalino lo controla el edificante matrimonio (real) entre René Bejarano y Dolores Padierna, esposos muy controvertidos y salerosos, o los hermanos Batres, que no beben una copa, pero como dan lata. En el PRI ponen en entredicho la ridícula, irrisoria y vergonzosa pretensión del líder de (la) basura Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y su familia por apoderarse del PRI capitalino. Los partidos y las familias tienen origen y espacio para hacer política con las lealtades que les son afines. ¿No tener partidos locales porque las familias se apoderan de la política?  A la Suprema Corte le pareció un argumento idiota. Lo es.