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Los problemas recientes de nuestra vida democrática tienen su origen en la elección de 2006. Aquel proceso atravesó por tres etapas que, agregadas, terminaron por sacudir la democracia mexicana. La primera fue el proceso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, vergonzoso ardid encabezado por el gobierno foxista para echar de la contienda (y del protagonismo público, que tanto importaba a Fox) a López Obrador. El desafuero fue un pésimo augurio para el proceso de 2006. Al tratar de inhabilitar por las malas al candidato de la izquierda, el gobierno de Vicente Fox hundió la vida pública mexicana en el encono político y, peor aún, echó leña al fuego de esa enfermedad tan nuestra: el sospechosismo. Al desafuero siguió una campaña electoral auténticamente reñida, marcada por el ascenso del candidato panista y el descuido del puntero, el propio López Obrador. Por supuesto, la erosión lopezobradorista también sucedió gracias a las campañas negativas orquestadas en su contra, las mismas que, en una interpretación victimista y tramposa, López Obrador calificara de “guerra sucia”. Digo que aquella fue una lectura tramposa porque las campañas negativas no sólo no son sucias: son absolutamente normales en cualquier democracia moderna. Algunas, incluso, son tan despiadadas que hacen ver aquello de “un peligro para México” como un juego de párvulos. Pero López Obrador vendió la idea de que el trajín normal de una campaña intensa y mediática equivalía a un linchamiento. Esa interpretación equivocada se recrudeció después del estrecho resultado de la jornada electoral, tercera variable en esa trágica historia que aceleró la degradación de la libertad democrática del país.

La consecuencia de esta suerte de tormenta perfecta ha sido una democracia amordazada, en la que al elector se le trata como menor de edad. La reforma electoral restringió, en aras de la “equidad”, la participación plena de la sociedad en el debate político. No compartí los argumentos de quienes defendieron la mentada reforma y sigo sin compartirlos. En efecto: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Lo mismo podría decirse de los problemas de la libertad. A nadie beneficia las reglas draconianas cuando se trata de la discusión de la vida pública, y más de la vida político-electoral. Las ideas deben poder confrontarse con libertad absoluta. El electorado debe poder cuestionar, poner a prueba, literalmente exprimir al político que pretende gobernarlo. Todas las restricciones que se le han impuesto a nuestra democracia en los últimos años derivan en exactamente lo contrario: una vida democrática empobrecida, en la que el debate de ideas se ha vuelto un destilado de trivialidades y mercadotecnia que no construye una conciencia ciudadana. Es en ese marco que el IFE y el Tribunal Electoral operan y llegan a decisiones orwellianas, de verdad tragicómicas. Pero no pueden hacerlo de otra manera: traen puesto un chaleco de fuerza.

Urge un cambio. No sé si sea cierto aquello de que a los políticos les conviene un electorado que desconozca no sólo las propuestas más fundamentales de los candidatos, sino incluso las más elementales reglas de la democracia. Puede que lo sea. En cualquier caso tengo claro que pocas cosas peores podrían ocurrirle al país que la perpetuación del elector ignorante. Después de todo, corresponde al votante y sólo al votante decidir quién tiene o no “derecho” a gobernar su país. Y la única manera de llegar a una decisión ya no sensata, sino mínimamente razonada, es fomentar reglas que promuevan la confrontación de proyectos y personalidades. Reglas, me temo, diametralmente opuestas a las que hemos tenido que aguantar hasta el día de hoy y que, por desgracia, nos harán la vida poco menos que imposible en los meses que se acercan.