Megaobras de Ebrard benefician a grandes capitales en detrimento de miles, acusan ONG; pierde juicios y deberá derogar decreto sobre Tarango
LA JORNADA Por: Laura Gómez Flores 14/06/11
La ciudad de México está en venta. Con la construcción de megaobras de infraestructura como la supervía poniente, Biometrópolis, el Acuario de Xochimilco, la Arena de Azcapotzalco y el programa Vivir en el Centro Histórico “Ebrard pretende beneficiar a los grandes capitales en detrimento de las zonas de recarga acuífera y del patrimonio de miles de personas”, señalan integrantes de organizaciones sociales opositoras a las obras.
En una mesa redonda realizada en Casa Lamm, Tomás Hernández Ortega, vocero de Tlaltenco en Defensa de la Tierra preguntó a cerca de un centenar de asistentes cómo confiar en gobiernos que se montan en fechas profundamente significativas como el 10 de junio, “sí se comportan como verdaderos halcones de Luis Echeverría”, en relación a los actos de represión de que fueron objeto por oponerse a la construcción de la línea 12 del Metro.
Dicha obra, consideró, es tan innecesaria como la supervía poniente o la privatización de espacios deportivos y sociales, por lo que sólo con granaderos, policía montada y grupos policiacos especiales, el gobierno de Marcelo Ebrard le dio sustento, pues sus programas sociales sólo son una pantalla para ocultarnos que sirve a los grandes capitales. ¿Y, éste es el hombre que quiere gobernar el país?, se cuestionó.
La supervía es otro capricho de este gobierno, quien pretende justificarla “vendiendo bondades que no tiene, cuando áreas verdes e hídricas desaparecerán, y ha tratado de acallar la inconformidad de la gente con el uso de la fuerza pública, sin éxito. Hoy, se lucha por la vía jurídica para detenerla y esperamos esto suceda”, afirmó a su vez Francisco López, vocero del Frente Amplío contra la Supervía de Cuota.
La construcción de Biometropolis, la ciudad del conocimiento en Tlalpan, acabará con la recarga acuífera y provocará que miles de habitantes se queden sin agua y sufran de contaminación, por crear “un nuevo Houston para los ricos de México”, que albergará entre 20 y 25 edificios habitacionales de 26 niveles cada uno y 45 torres de empresas, laboratorios, centros comerciales, hoteles y hospitales; y traerá 15 mil habitantes y cuatro mil autos al día, por lo menos, denunció Lied Miguel.
Una situación semejante se registrará en Xochimilco, donde se pretende crear un enorme acuario para los visitantes nacionales y extranjeros, lo cual implicará la privatización de áreas comerciales y expropiaciones en perjuicio de la gente del lugar, así como la afectación de áreas naturales, “aunque las autoridades lo niegan, pero sólo para este año se aprobó en la Cámara de Diputados un presupuesto de $200 millones de pesos”, señaló Rosa Elena Vargas.
A este proceso de privatización, se suma la construcción de la Arena ciudad de México en Azcapotzalco, la privatización del Deportivo del pueblo de Culhuacan, el Viaducto elevado Indios Verdes-Santa Clara y el programa Vivir en el Centro Histórico, que ha significado “la salida de mazahuas, triquis y todas las etnias y los pobres de esta zona de la ciudad, para dejarla en manos de capitales nacionales y extranjeros”.
Raymundo Hernández, del colectivo de Asamblea de Barrios, consideró urgente “revisar el discurso de un gobierno de izquierda, pero que lleva a cabo proyectos de derecha, por lo cual vamos a seguir luchando contra estos proyectos neoliberales, aún cuando hemos sido amenazados y reprimidos”.
El gobierno capitalino perdió de manera definitiva varios juicios de amparo contra la declaratoria como área de valor ambiental (AVA) de la barranca de Tarango, aseguró Antonio Hernández, propietario de la inmobiliaria Águila Real y de uno de los terrenos protegidos por la justicia federal. En entrevista afirmó que las resoluciones son definitivas, por lo que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, está obligado a derogar dicho decreto sobre alrededor de 600 mil metros cuadrados.
El también presidente de la Asociación de Propietarios de Rancho Tarango dijo que las autoridades han utilizado un doble discurso y actúan fuera de la ley, pues no han aceptado que dentro de la loma de Tarango existen más de un millón 200 mil metros cuadrados que son propiedad particular, a diferencia de los 430 mil metros que pertenecen al gobierno, y que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Álvaro Obregón no toma en cuenta la sentencia federal.
Ésa fue la primera molestia de los dueños. El gobierno dijo que no había propiedades particulares y eso es mentira. Tenemos las escrituras, hemos cuidado estos terrenos por más de 30 años y por ello no han sido invadidos.
Incluso refiere que el subsecretario Héctor Hernández Llamas prometió a los dueños resolver el fondo del problema de Tarango, incluidas expropiaciones concertadas con un pago de 420 pesos por metro cuadrado, a cambio de que “dejaran pasar la supervía poniente”.
Hernández es una de las personas indemnizadas por la construcción de la autopista urbana de cuota; además del dinero que recibió a cambio de la expropiación, el gobierno le vendió un terreno adyacente con dimensiones similares.
“¿Dónde está la legalidad? Hay una sentencia de un juez que dice: ‘gobierno, tú no puedes declarar como AVA estas propiedades’, por lo tanto las debería haber excluido del programa delegacional. Los propietarios dijeron: ‘nos están viendo la cara, ya tenemos un juicio ganado, tenemos una suspensión definitiva y algunos ya se ampararon contra el programa delegacional. También hay amparos en contra del plan de manejo del decreto de AVA”.
A decir de Hernández la supervía poniente, además de generar desarrollo, ha despertado la codicia de muchos y, al no concretar el programa de expropiaciones concertadas, el gobierno deja pasar la oportunidad de alcanzar un buen acuerdo para la ciudad.
