El populismo de López Obrador
Puede ser que una política populista funcione durante algún tiempo. Pero al final del día alguien acaba pagando los costos y generalmente es la sociedad. Los gobiernos populistas suelen financiar con deuda las medidas “populares”. Por ejemplo, incrementan los subsidios pero no suben los impuestos para financiarlos (lo cual sería impopular). No queda otra más que endeudarse. Los pasivos se acumulan y, en la medida en que un país se sobregira, sube el riesgo de pagar y el costo del endeudamiento. La gran cantidad de deuda acaba por estrangular la economía de un país. Inevitablemente llega el momento de apretarse el cinturón. Las sociedades acaban pagando un costo carísimo por el populismo. Suelen terminar peor de lo que estaban antes de que comenzara la fiesta populista.
Por definición, el discurso populista es popular: le encanta al electorado. Cuando un candidato presidencial promete que reducirá el precio de gasolinas, gas, diésel y la energía eléctrica, pues eso suena a música pura para la mayoría de la población. Y eso es lo que prometió López Obrador este fin de semana.
Muy bien. El problema es que se trata de una promesa populista que niega las realidades del mercado. En lugar de que a los precios de los bienes y servicios los determine su escasez relativa, el político, desde su escritorio, los define, para ser popular; los pone por debajo del precio de mercado, otorgándole un subsidio a la población, subsidio que tiene que pagarse de alguna forma. Si no se incrementan los impuestos, lo único que queda es aumentar la deuda pública.
No sólo eso. Definir los precios por decreto produce un conjunto de distorsiones. Si el gobierno, como promete AMLO, baja los precios de las gasolinas, se incrementa la compra de automóviles de más cilindros, que consumen más. Amén que el subsidio, a quien más beneficia, es a los más ricos, que son los que tienen coches. Si el gobierno subsidia la electricidad, los consumidores ya no ponen focos ahorradores y dejan la luz prendida todo el día. Esto implica un mayor consumo de combustibles fósiles que incrementa el calentamiento global. ¿Es eso lo que queremos los mexicanos?
Si gana, AMLO también promete construir cinco refinerías en México. Se trata de otra propuesta populista porque la refinación de petróleo es un pésimo negocio en todo el mundo. Las refinerías, por lo general, pierden dinero. Si las empresas petroleras refinan crudo es para que haya más consumo de petróleo, cuya extracción es el gran negocio. Y resulta que López Obrador está prometiendo abrir cinco nuevos malos negocios para los contribuyentes. ¿Por qué deberíamos aceptarlo? Pues porque resulta popular la idea que el país tenga cinco refinerías más, que generarían muchos empleos con dinero público. Al fin y al cabo, el que pondría los recursos sería el gobierno y, si hubiera pérdidas —como actualmente las hay en las refinerías de Pemex—, pues éste las absorbería. Lo que rehusamos ver es que esas pérdidas nos cuestan a toda la sociedad.
López Obrador ha anunciado a parte del gabinete que lo acompañaría en caso de ganar la Presidencia. Muchos son gente respetable. Y aunque los hombres importan, lo más relevante son las políticas públicas que implementaría el candidato en caso de ganar. Algunas de las que propone AMLO son, sin lugar a dudas, populistas.
Por tanto, no está de más que comente algunas de sus propuestas de políticas públicas que tendrían, sin duda, severas repercusiones negativas en nuestra economía.
Las iniciativas del tabasqueño aparecieron en sus compromisos de campaña y en su plataforma electoral hace un lustro, y no hay evidencia de que las haya modificado.
Por el contrario, sus discursos y declaraciones recientes muestran que se ha radicalizado. Un ejemplo es el mensaje que dio en su reciente visita a España, donde plantea las mismas ideas retrógradas, pero ahora con una mayor dosis de paranoia, demagogia y charlatanería que sus fervientes seguidores acogen con un celo fanático.
La paranoia de AMLO es evidente cuando atribuye todos los males que padecen México y la humanidad a una conspiración mundial.
Afirma que “la crisis de México viene de tiempo atrás, aunque se precipitó desde la década de los 70, cuando un grupo de potentados en el ámbito internacional ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un nuevo modelo para dominar a los estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos”.
No es fácil decir tantos disparates en unas cuantas palabras, pero AMLO no se detuvo ahí, sino que siguió con su plétora de desvaríos al afirmar que “los ideólogos de la derecha inventaron una serie de recetas y recomendaciones… divulgaron e impusieron criterios tan absurdos como la supremacía del mercado, la utilización del Estado sólo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas y, desde luego, proclamaron que las privatizaciones eran la panacea”.
Esos comentarios confirman que el “redentor” tabasqueño favorecería la intervención generalizada del Estado en la vida de los particulares, y que se opondría a la operación libre del mercado y a dejar las actividades productivas en manos privadas.
Las políticas públicas de AMLO estarían plagadas de subsidios, así como de la producción estatal de energía y de muchos otros bienes y servicios, en la tradición más nefasta del populismo, que es el origen inequívoco de los males económicos que agobian a las naciones.
No extraña, por tanto, que equipare la privatización de las empresas estatales a un saqueo de las riquezas y los bienes de la nación, ni que se oponga abiertamente a las “llamadas ‘reformas estructurales’ en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social que, en esencia, significan más privatización, beneficios para una élite y costosos retrocesos sociales”.
Esas reformas son urgentes y nunca verían la luz del día en un gobierno encabezado por el tabasqueño. En cambio, sus políticas intervencionistas y estatistas son muy claras desde que las presentó en su plataforma electoral de hace cinco años.
Ahí mostró su intención de adoctrinar a la población con sus ideas colectivistas, que incluyen la “ampliación de la radio cultural y de la televisión estatal (…) (invirtiendo) (…) en (…) programas que aborden temas torales (…) como el grave desequilibrio económico que están produciendo las leyes de absoluto libre mercado...”.
AMLO considera, además, que la radio y la televisión de carácter cultural no sólo son “una inversión prioritaria para el Estado (…) (sino) (…) una de las razones de ser del Estado”.
Esta postura, en la tradición colectivista de Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, deja a un lado el primer deber y la verdadera razón de ser del Estado, que es proteger la integridad y seguridad física de sus ciudadanos.
No es posible en este espacio comentar los muchos planteamientos preocupantes de AMLO, pero no quiero terminar sin mencionar uno que afectaría seriamente a la clase trabajadora del país.
Me refiero a la intención de AMLO, si llegase a la Presidencia, de meter su mano en los fondos de pensiones de los trabajadores, con lo que acabaría por comprometer la integridad de los mismos.
En efecto, él plantea “reformar los sistemas de pensiones para promover una política de inversión en infraestructura con los fondos que actualmente administran empresas del capital financiero. De esta manera, un 50% de los fondos continuarán en las Afores y el otro 50% restante los manejará el Estado…”.
Esos comentarios confirman que el “redentor” tabasqueño favorecería la intervención generalizada del Estado en la vida de los particulares, y que se opondría a la operación libre del mercado y a dejar las actividades productivas en manos privadas.
Las políticas públicas de AMLO estarían plagadas de subsidios, así como de la producción estatal de energía y de muchos otros bienes y servicios, en la tradición más nefasta del populismo, que es el origen inequívoco de los males económicos que agobian a las naciones.
No extraña, por tanto, que equipare la privatización de las empresas estatales a un saqueo de las riquezas y los bienes de la nación, ni que se oponga abiertamente a las “llamadas ‘reformas estructurales’ en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social que, en esencia, significan más privatización, beneficios para una élite y costosos retrocesos sociales”.
Esas reformas son urgentes y nunca verían la luz del día en un gobierno encabezado por el tabasqueño. En cambio, sus políticas intervencionistas y estatistas son muy claras desde que las presentó en su plataforma electoral de hace cinco años.
Ahí mostró su intención de adoctrinar a la población con sus ideas colectivistas, que incluyen la “ampliación de la radio cultural y de la televisión estatal (…) (invirtiendo) (…) en (…) programas que aborden temas torales (…) como el grave desequilibrio económico que están produciendo las leyes de absoluto libre mercado...”.
AMLO considera, además, que la radio y la televisión de carácter cultural no sólo son “una inversión prioritaria para el Estado (…) (sino) (…) una de las razones de ser del Estado”.
Esta postura, en la tradición colectivista de Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, deja a un lado el primer deber y la verdadera razón de ser del Estado, que es proteger la integridad y seguridad física de sus ciudadanos.
No es posible en este espacio comentar los muchos planteamientos preocupantes de AMLO, pero no quiero terminar sin mencionar uno que afectaría seriamente a la clase trabajadora del país.
Me refiero a la intención de AMLO, si llegase a la Presidencia, de meter su mano en los fondos de pensiones de los trabajadores, con lo que acabaría por comprometer la integridad de los mismos.
