El estilo personal de tranzar de Ebrard & Cía. para construir la Línea 12 del Metro (Parte II)
Desde la semana pasada, ejidatarios de Tlaltenco denunciaron que hasta los muertos “vendieron” sus parcelas en el ejido de Tlaltenco para la construcción de la línea 12 del Metro en Tláhuac. Según los denunciantes, esta es sólo una de tantas irregularidades registradas en lo que llaman la “ambición del gobierno del Distrito Federal, encabezado por el perredista Marcelo Ebrard, por despojar a los ejidatarios del pueblo de Tlaltenco de sus terrenos”. Según el informe de INFODF, en poder de NOTIDF, sobre la compra venta, la cual según la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal se llevó a cabo conforme a derecho, se menciona que el señor Delfino Romero Rivera, fallecido desde 2004, recibió, en 2009, la cantidad de 1,580,268 pesos por la parcela 9 del polígono I del ejido. Su hijo, Obdulio Ramos recibió en 2009 su certificado agrario y fue golpeado, encarcelado y está sujeto a un proceso judicial penal por parte de la Fiscalía de Tláhuac desde el año pasado por tratar de hacer valer un amparo federal que lo protegía, pero fue violado por la administración de Ebrard. Hace casi un año, la Fiscalía en Tláhuac de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, presentó a Obdulio, así como a Héctor Mendoza, como uno de los delincuentes capturados en la lucha contra la inseguridad, según lo atestiguó NOTIDF. Obdulio recibió el beneficio de un amparo federal del Tribunal Agrario Unitario, Distrito, que establece que el Sistema de Transporte Colectivo Metro “no acreditó la pretensión de constitución de servidumbre legal de paso contra Obdulio Romero Martínez, a quien se absuelve de las prestaciones que le reclamaron en este vía de constitución de servidumbre legal de paso”, lo cual Ebrard se niega a cumplir lo establecido en la sentencia. El tribunal también dictaminó que “no es procedente decretar a favor del Sistema de Transporte Colectivo la constitución de una servidumbre legal de paso, descontinúa, aparente e indivisible, por causa de utilidad pública, en la parcela número 9 del polígono I del ejido de San Francisco Tlaltenco, delegación Tláhuac, Distrito Federal”. Otro de los fallecidos que “vendieron” su parcela es Pedro Palacios Jiménez, quien aparece como beneficiario de $1,410.078 pesos por la parcela 323 del polígono III del ejido de Tlaltenco. Armando Ramírez
Con ello, el también diputado suplente por el distrito XXXV, Juan Carlos Leyte Chavarría, pudo vender sus tierras al Gobierno capitalino por un monto de $1,409,244 pesos. Esto aparece dentro del padrón que el Sistema de Transporte Colectivo Metro entregó a los ejidatarios vía el Instituto de Acceso a la Información Pública, por concepto de indemnización por la parcela 441 del polígono III. Sí no se le hubiera entregado un nuevo mapa a las autoridades, esta persona, no tendría forma de negociar sus tierras, aseguraron los opositores a la obra, entre ellos, Leonardo Jiménez y Héctor Mendoza. En el mismo caso está Renato Manuel Castellanos Neri, ex secretario del ejido, quien recibió $1,549,344 pesos por la parcela 36, que no estaba dentro del trazo de la Línea Dorada, hasta que apareció un nuevo mapa. El listado presentado por los ejidatarios continúa con los hermanos Enrique y Gabriel Peña Martínez, los cuales recibieron $1,582,002 pesos y $1,580,022 pesos por las parcelas 37 y 38 del polígono II, que tampoco formaban parte de la expropiación real y no tenían certificado agrario. Entre las anomalías, aparecen personas que vendieron más de un terreno, como Lucrecia Lugo Nogueron, quien recibió $1,037,298 pesos y después $575,556 pesos por las parcelas 39 y 58 del polígono II. De igual modo, Margarita Castañeda Castañeda recibió $1,422,984 pesos, más $1,057,530 pesos por las parcelas 207 y 208 del polígono III, también sin presentar certificados agrarios. En ese sentido, los ejidatarios sostuvieron que en ese caso están, por lo menos, el 20 por ciento de los supuestos vendedores. De lo anterior no hubo apoyo de los ejidatarios, quienes en consecuencia denunciaron penalmente a su supuesto representante, por modificar las parcelas sin la previa aprobación de la asamblea ejidal. Cabe recordar que el comisario Juan Carlos Leyte, ha sido el principal operador del Gobierno para la venta de los predios que servirán de alojamiento para la terminal de la Línea 12 y sus talleres. Por tal razón, el líder ejidal y sus cercanos, fueron de los primeros en vender sus supuestas tierras, tal y como aparece en el padrón de compra-venta.
