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MILENIO                             Liébano Sáenz                     12/09/09
Los directores de un diario nacional y de una empresa de encuestas están a un paso de la cárcel. En días pasados la Procuraduría Judicial del DF le notificó al segundo comparecer como responsable. El aludido no defraudó al fisco; tampoco invadió una propiedad ni cometió perjurio ni atropelló a persona alguna o incurrió en falta grave. Berrueto, como suelen llamarle, en opinión de las autoridades del DF cometió el terrible delito de publicar encuestas electorales, según ellos, en un periodo prohibido. (...)
 
Valdría la pena reflexionar qué tiene el DNA de los habitantes del DF en donde es delito divulgar encuestas con nueve días de anticipación. La ley electoral federal establece tres días y la violación representa una falta administrativa. (...)
 
Quienes perdieron la elección presidencial en 2006 se la cobraron al IFE y a los medios de comunicación. Quienes triunfaron, en el afán de ganar espacio y tiempo, en el absurdo, concedieron a su adversario el argumento que ponía en entredicho la legitimidad del resultado. Las partidocracias han ganado la batalla: sometieron al IFE y al Tribunal; la democracia y la legalidad en la vida interna de los partidos es casi inexistente. Ahora van por la libertad de expresión.

Lo ocurrido a Carlos Marín y a Federico Berrueto no es accidental. Esla secuela de la acción de los enemigos de las libertades. El caso servirá para hacer evidente a lo que han llegado los legisladores en su afán de restringir la libertad de expresión. En un país de impunidad, de justicia colapsada, donde policías en no pocas ocasiones están del lado de los delincuentes, el caso de Marín y Berrueto puede servir de llamada de alerta: un periodista y un encuestador enfrentan un proceso penal por hacer su trabajo. Admiro el valor civil de ambos y denuncio públicamente el hecho porque constituye un asalto a la razón.
 
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