Autoritarismo y omisión permiten construcción de Supervía Poniente: colonos afectados
En la colonia La Malinche, los vecinos han hecho evidente su oposición a la construcción de la Supervía SurPoniente Foto: Carlos Cisneros
EL UNIVERSAL Rafael Montes 09/07/10
"El Poder Ejecutivo impuso con autoritarismo una obra lesiva al DF", aseguró Cristina Barros, vecina de la delegación Magdalena Contreras y opositora a la construcción de la Supervía Sur-Poniente, al opinar sobre la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente dio a la empresa constructora de esa obra. Cristina Barros explicó que para los vecinos organizados de esa demarcación, la decisión de la dependencia encabezada por Martha Delgado no fue una sorpresa.
Detalló que era algo ya anunciado, pues en el título de concesión, las autoridades gubernamentales se obligaban a "coadyuvar" en la obtención de cualquier autorización o permiso, incluido el del tema ambiental. "Eso es una ilegalidad", dijo la líder vecinal y comentó que ese punto del título de concesión se incluyó en los argumentos para solicitar el amparo. Opinó que con esa decisión, Martha Delgado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, demuestra que "no está cumpliendo con su deber de proteger al medio ambiente y terminó aprobando una MIA muy cuestionada por los expertos."
Los vecinos de Magdalena Contreras, afirmó, seguimos firmes en nuestra oposición a la vialidad, pues las medidas impuestas por la dependencia gubernamental no son suficientes. "Son como poner un curita en un trancazo". Informó que las acciones a seguir en su movimiento opositor se decidirán en reunión del próximo domingo, pues "afortunadamente el gobierno del DF no es la única instancia a la que puede apelar la ciudadanía". Dijo que su oposición se basa en que la Supervía no es una obra aislada, sino que forma parte de una supercarretera urbana que fomentará la urbanización en suelos de conservación.
Por su parte, el investigador de la UNAM Luis Zambrano, miembro del grupo de científicos que criticaron la obra impulsada por la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, consideró que la decisión del gobierno es "triste", pues "aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental más cuestionada de la historia del país". Dijo que los $50 millones de compensación son insuficientes, pues cada año, por ejemplo, diferentes parques del país reciben $40 millones de pesos como presupuesto.
Criticó que la Secretaría de Medio Ambiente busque a los investigadores "sólo cuando le conviene" y no les haga caso cuando expresan opiniones contrarias a ella, sobre todo, porque entre los investigadores que cuestionan la obra hay algunos que forman parte del Plan Verde, que incluye los lineamientos a seguir por el gobierno en materia ambiental. Comentó que lo que les toca a los científicos es trabajar con organizaciones e instituciones como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para seguir cuestionando y vigilando el proceso de construcción.
