Alertan impunidad en delitos ambientales
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibe en promedio 8 mil denuncias al año; de ellas, 40% están ligadas a delitos forestales y 17% a asuntos relacionados con la fauna. La tala clandestina--o la permitida por Ebrard para Supervía Poniente y Segundos Pisos, por ejemplo, sic--es uno de los delitos que más preocupan en el País, alerta la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental. De enero a junio de 2010 se aseguraron 18 mil metros cúbicos de madera que equivale a 1,827 camiones llenos, pero sólo fueron presentadas ante el Ministerio Público 69 personas por este delito. Comuneros calculan que para llenar unos 15 camiones con 150 metros cúbicos de madera se requiere la labor de unos 70 taladores.
La Profepa ha reconocido que la limitada capacidad de recursos humanos impacta en el combate a los delitos ambientales. Entre mayo y junio de 2011, el número de decomisos de especies en riesgo superó los 11 mil ejemplares, desde plantas hasta pumas. La Profepa acumula a la fecha entre 120 y 160 mil expedientes por concluir, algunos datan de 1992. Fotos: Archivo
REFORMA Por: Adriana Alatorre 01/09/11
Critica experto de Corte Internacional de Arbitraje Ambiental que Profepa no tenga autonomía y que las leyes no se acaten
A pesar de que todos los días se presentan decenas de delitos contra el medio ambiente, que deberían derivar en sanciones penales, hasta hoy no existe ninguna persona física o moral que esté detenida por un delito ambiental, alertó Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental.
"El Código Penal establece los delitos y sus sanciones, pero hasta hoy no hay ninguna sola persona física o moral que esté recibiendo la sanción penal de cárcel o de interrupción de funciones, en el caso de las empresas. No hay un solo delincuente ambiental en la cárcel", alertó.En entrevista con REFORMA, Ojeda Mestre expuso que el principal problema es que las Procuradurías no los persiguen, pues los organismos que existen están subordinados a los Gobiernos federal y estatales.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no es un organismo independiente ni autónomo, no tiene presupuesto propio, ni cuenta estatuto jurídico independiente, sino que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, a quien en la mayor parte de los casos debería de castigar, advierte.Otro problema, planteó el especialista, es que la leyes fueron promulgadas de manera adecuada, pero tanto la Profepa como las Procuradurías estatales no se dan abasto para perseguir delitos ambientales; incluso en el País sólo nueve estados cuentan con Procuradurías ambientales locales. "Si dos terceras partes de los estados operan sin Procuradurías, ¿cómo queremos que se apliquen las leyes ambientales? Es una farsa, una simulación de los Gobiernos que dicen estar preocupados por el medio ambiente, pero ni siquiera son capaces de instaurar un mecanismo jurídico que permita la investigación y persecución de los delitos ambientales", sostuvo. Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Nayarit y Coahuila son los estados que cuentan con una procuraduría ambiental y de ellas, sólo la veracruzana cuenta con autonomía.La falta de Procuradurías coloca en indefensión al ciudadano común, porque el Artículo Cuarto Constitucional señala que todo mexicano tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Ojeda Mestre aseguró que además de la indefensión, la Nación está en riesgo ante sus socios comerciales, como Estados Unidos y Canadá, pues cuando firmó el Tratado de Libre Comercio se estableció un acuerdo paralelo en materia ambiental que día a día se está incumpliendo.
Dos principales delitos ambientales son los que aquejan al País, agregó; el primero es el incumplimiento sistemático de la Ley para la Prevención y Control Integral de los Residuos Sólidos, que establece cuáles son los residuos peligrosos, de manejo especial y los domésticos.
"En México hemos tenido un descuido permanente y grave en el manejo de los residuos peligrosos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo nos prometieron hacer 14 Centros Integrales para el Manejo de Residuos Industriales y no se hizo ninguno; vino Fox y no hizo nada. De tal manera que tenemos sólo uno en 18 años", criticó.El segundo delito se refiere a la tala indiscriminada de recursos forestales o de bosques, (como la tala indiscriminada para la construcción de la Supervía Poniente de Peaje y Segundos Pisos de Ebrard, sic). "A pesar que las legislaciones tanto federales y estatales lo consideran un delito, tampoco lo castigan, no lo persiguen, sancionan y evitan. Estamos teniendo una tasa de tala inmoderada que ha traído como consecuencia que las lluvias disminuyan y aumente la erosión de las laderas y bosques", afirmó.
Más info: http://www.reforma.com/medioambiente/articulo/622/1243785/ "El Código Penal establece los delitos y sus sanciones, pero hasta hoy no hay ninguna sola persona física o moral que esté recibiendo la sanción penal de cárcel o de interrupción de funciones, en el caso de las empresas. No hay un solo delincuente ambiental en la cárcel", alertó.En entrevista con REFORMA, Ojeda Mestre expuso que el principal problema es que las Procuradurías no los persiguen, pues los organismos que existen están subordinados a los Gobiernos federal y estatales.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no es un organismo independiente ni autónomo, no tiene presupuesto propio, ni cuenta estatuto jurídico independiente, sino que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, a quien en la mayor parte de los casos debería de castigar, advierte.Otro problema, planteó el especialista, es que la leyes fueron promulgadas de manera adecuada, pero tanto la Profepa como las Procuradurías estatales no se dan abasto para perseguir delitos ambientales; incluso en el País sólo nueve estados cuentan con Procuradurías ambientales locales. "Si dos terceras partes de los estados operan sin Procuradurías, ¿cómo queremos que se apliquen las leyes ambientales? Es una farsa, una simulación de los Gobiernos que dicen estar preocupados por el medio ambiente, pero ni siquiera son capaces de instaurar un mecanismo jurídico que permita la investigación y persecución de los delitos ambientales", sostuvo. Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Nayarit y Coahuila son los estados que cuentan con una procuraduría ambiental y de ellas, sólo la veracruzana cuenta con autonomía.La falta de Procuradurías coloca en indefensión al ciudadano común, porque el Artículo Cuarto Constitucional señala que todo mexicano tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Ojeda Mestre aseguró que además de la indefensión, la Nación está en riesgo ante sus socios comerciales, como Estados Unidos y Canadá, pues cuando firmó el Tratado de Libre Comercio se estableció un acuerdo paralelo en materia ambiental que día a día se está incumpliendo.
Dos principales delitos ambientales son los que aquejan al País, agregó; el primero es el incumplimiento sistemático de la Ley para la Prevención y Control Integral de los Residuos Sólidos, que establece cuáles son los residuos peligrosos, de manejo especial y los domésticos.
"En México hemos tenido un descuido permanente y grave en el manejo de los residuos peligrosos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo nos prometieron hacer 14 Centros Integrales para el Manejo de Residuos Industriales y no se hizo ninguno; vino Fox y no hizo nada. De tal manera que tenemos sólo uno en 18 años", criticó.El segundo delito se refiere a la tala indiscriminada de recursos forestales o de bosques, (como la tala indiscriminada para la construcción de la Supervía Poniente de Peaje y Segundos Pisos de Ebrard, sic). "A pesar que las legislaciones tanto federales y estatales lo consideran un delito, tampoco lo castigan, no lo persiguen, sancionan y evitan. Estamos teniendo una tasa de tala inmoderada que ha traído como consecuencia que las lluvias disminuyan y aumente la erosión de las laderas y bosques", afirmó.
